Se ha decidido no hacer ciudad

La pobreza es uno de los flagelos más tristes que sufre Argentina desde hace décadas. La falta de una vivienda digna es un condicionante central para que alguien sea pobre, porque la vivienda digna es aquella que es asequible monetariamente, provee a sus habitantes acceso a instituciones, a otras personas, a servicios, a fuentes de trabajo y al esparcimiento. También, es aquella que sirve como refugio de eventos climáticos, robos, y cualquier otro posible daño que sus habitantes puedan sufrir. Debe evitar ambientes de hacinamiento y debe contemplar algún tipo de tenencia segura. Esto es central para tener una vida digna porque como renombrados autores en la materia explican: viviendas inapropiadas están directamente relacionadas con la informalidad y la pobreza.

En el año 2013, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, realizó un estudio científico a través de un modelo de regresión en base a datos empíricos duros, cuya conclusión determina que, cito textualmente:

“el estrato socioeconómico y la condición residencial constituyen las dos variables fundamentales para explicar el acceso o no a vecindarios con viviendas con mínimos estándares de habitabilidad. Pero dado que la población se halla asentada de acuerdo a un patrón de segregación residencial socioeconómica, la estratificación social queda subsumida en el tipo de vecindario de residencia”.

Es decir, y cito nuevamente:

“ya no importa únicamente cuánta desigualdad exista entre los hogares en materia de acceso a una vivienda digna, sino en qué vecindarios se encuentran residiendo”

Eso se logra entender si se parte de la tesis de la marginalización para entender la pobreza, tesis que sigue nuestro Partido y que plantea que existen barreras estructurales que excluyen a los pobres de participar en diferentes instituciones formales, tanto económicas, políticas como sociales. A su vez, esta tesis otorga a las personas un rol central en su capacidad de transformar su vida y su entorno, con el potencial de la autodeterminación. Esta visión es totalmente opuesta a la cultura de la pobreza, lo que podríamos llamar pobrismo. La cultura de la pobreza, tesis originada por el antropólogo Oscar Lewis, supone que los pobres lo son por cuestiones innatas y características personales que los determinan. Ese pobrismo, que muchas veces se exalta en nuestro país, está en las antípodas de la visión del hombre que tenemos como Partido, a quien consideramos un ser racional, social y libre; capaz de desarrollarse y al que el Gobierno y el resto de la sociedad deben ayudar a salir adelante si se encuentra en la marginalidad.

Un problema histórico

Como ya dije, la pobreza en nuestro país es un flagelo que nos atraviesa desde hace décadas, y esa pobreza se manifiesta en grandes carencias sociales, pero también de infraestructura y calidad ambiental en nuestras ciudades, significando peores condiciones para el desarrollo de sus habitantes. Ambas cosas, demuestran el fracaso de la política históricamente, donde todos los partidos gobernantes han sido y son responsables de esta realidad, por no saber, o no poder, o lo que sería peor, no querer solucionar de fondo estos problemas. Y en ese sentido, todos y cada uno deben hacerse cargo, pero de manera correcta, no con políticas paliativas como se propuso con la Ordenanza N° 9603 y sus modificatorias actuales, que faculta al Ejecutivo a transferir en venta aquellos inmuebles fiscales del dominio privado de la Municipalidad, a sus ocupantes que presenten una posesión precaria demostrable. Nosotros, por nuestra parte, queremos colaborar en una reconstrucción profunda de la Nación, pero no de cualquier modo. Esto implica hacer las cosas de un modo diferente, para obtener resultados diferentes. Recordemos que esta ordenanza vigente, continúa una política de gestión del territorio de otra ordenanza similar, la N° 6764 del año 84, o sea, son 36 años aplicando la misma receta, y los resultados que hoy vemos son más de 54 asentamientos de barrios populares, los relevados por el RENABAP, sin contar muchos otros que no han sido contemplados, cubriendo vastos sectores de la ciudad en condiciones tan precarias que sus habitantes, difícilmente puedan llevar allí una vida digna y plena.

Para repasar por qué es que hemos llegado a esta situación, me gustaría hacer una descripción de lo que vemos como resultado de las políticas aplicadas por todos los colores políticos hasta hoy:

- Hay una falta de planificación total. Lo hemos dicho durante nuestra campaña: la ciudad ha crecido sin orden, desproporcionadamente hacia el este, con un modelo basado en la lejanía, en la aislación, en la dispersión. Esto es humana y socialmente nocivo, económicamente inviable y ambientalmente inaceptable.

- La falta de planificación no sólo se relaciona con el tejido urbano, sino también con la creación de oportunidades para generar negocios y puestos de trabajo privados, productivos y sustentables. Tenemos una ciudad cuya matriz productiva es el empleo estatal y el comercio. El turismo, siempre en agenda de cada gestión, nunca ha crecido. Tenemos muy pocas industrias y no hay inversión real desde hace décadas.

- Ni que hablar de las condiciones macro, que exceden claramente a las gestiones locales, pero, vuelvo a mencionar, fueron los partidos tradicionales los que gobiernan a nivel nacional desde el 83 hasta hoy.

Nuestras convicciones

En nuestra tarea legislativa, buscando aportar al Bien Común, venimos apoyando todas aquellas propuestas presentadas por los diferentes sectores políticos que consideramos positivas o correctas. A su vez, tratamos de darles los ajustes que consideramos necesarios para hacerlas aún mejores. Además, durante nuestra campaña electoral, propusimos una serie de proyectos que incluían desarrollo de vivienda, junto a comercio y servicios, desde una perspectiva de usos mixtos del suelo y de desarrollo de oportunidades. Estas intervenciones, como la urbanización del ex frigorífico, la nueva Estación Multimodal o el Polo Financiero y de Negocios, en su conjunto, desarrollaban más de mil unidades habitacionales

Pero tenemos convicciones y posturas que en ocasiones nos hacen decir que no, por respeto a nuestro propio partido y a los que nos votaron. Y a lo que decimos que no en esta oportunidad, para que se entienda, no es tanto al proyecto presentado por el oficialismo, que con las reformas que propone puede estar logrando un ajuste operativo y funcional más adecuado a la ordenanza N° 9603. Más bien, a lo que nos oponemos es a la mismísima ordenanza N° 9603, por todo lo que estoy expresando. Ordenanzas de esta naturaleza y con estos aspectos negativos que presentamos no deberían existir, o incluso se deberían derogar.

¿Qué convicciones son las que vinimos a defender? En este tema en particular, nuestra visión de Justicia, de Bien Común y de Concordia. Para nosotros, la justicia no debe ser entendida como lo hace gran cantidad de corrientes políticas: de una manera sesgada y parcial. Donde para unos es una cuestión del gobierno distribuyendo y nada más. Para otros, el gobierno no tiene que hacer mucho y simplemente dejar que la gente se arregle entre sí y nada más. Para nosotros, la justicia tiene que ser entendida como una cuestión integral, donde se le da a cada uno según lo que le corresponde, considerando al mismo tiempo y simultáneamente las necesidades, los derechos, el mérito, la responsabilidad y las obligaciones, ciertas capacidades e igualdad de oportunidades reales.

Por otro lado, la justicia implica una cierta igualación de unos respecto de otros. Ahora bien, ¿igualar respecto a qué? Eso depende de qué tipo de justicia esté en juego, porque la justicia tiene tres partes:

- Del todo para con las partes, llamada justicia distributiva, donde el parámetro que se utiliza para igualar es una proporción geométrica según cada individuo.

- Entre individuos, llamada justicia conmutativa, donde el parámetro que se utiliza para igualar es una proporción aritmética a partir de la ley o los contratos que los individuos hayan celebrado entre sí.

- De la parte para con el todo, llamada justicia general, cuyo parámetro igualador es el Bien Común.

Una visión integral

¿Por qué para nosotros es tan importante una visión integral de la justicia y no una parcial? Porque la falta de justicia engendra violencia. Y la violencia, si es individual, puede generar desde daños hasta muerte; y si es general, puede generar además disgregación social.

La situación en la que vivimos hoy es producto de políticos que aplicaron visiones sesgadas de justicia, afectando principalmente al Bien Común, además del bien de los afectados directamente. Para que pueda haber un Bien Común, la sociedad requiere el establecimiento y mantenimiento de la paz social y la seguridad, y del reconocimiento de algún bien que sea justamente común para ordenarse hacia él. Si no sucede esto, la sociedad pierde su orden y termina en el caos, la violencia y la desunión. El reconocer fines comunes, permite a las personas crear vínculos entre sí a partir de reconocerse pares en su disfrute y en el trabajar mancomunadamente por conseguirlos. Cada cual tiene que poner de lo suyo, aunque sea poco. Porque si no, no es justo.

Y aquí quiero pasar del concepto general a la cuestión en particular, bajar la teoría a los casos: no es justo que quien se mantuvo dentro de la ley y del estado de derecho vea como otros que no lo hicieron son premiados de alguna manera. Por más necesidades que se tengan.

Estoy seguro que hay quienes, teniendo las mismas necesidades, hicieron las cosas legalmente. Porque legalidad y justicia son parte de una misma cosa. No van separadas. No pueden ir separadas porque entonces estaríamos abriendo la puerta a generar normas que no sean justas. Eso ya lo hemos vivido y ha generado mucho daño en nuestro país. El fin no justifica los medios. La ruptura del orden legal es un peligro muy grande, y mayor es el peligro si se legisla para romperlo. Eso genera incertidumbre, violencia y desunión. La solución no puede ser primero la inacción para resolver un problema dejando a la gente en el margen del sistema y luego institucionalizarlo con legislación. Eso no puede ser, eso no es justo.

El Estado contra el Estado

Fue por eso que no acompañaremos el proyecto de modificación de la ordenanza N° 9603, porque creemos que de esta manera no se ataca la raíz del problema, ni se busca una salida integral. Lo vemos como una propuesta “simplista” y “facilista”. Medidas de este tipo someten el patrimonio público a las necesidades particulares, generando como consecuencia que el Estado pierda oportunidades de beneficio comunitario por su propia ineficiencia en la resolución de estas demandas y carencias sociales, que son reales, pero atendibles de otra manera. Pensar y hacer ciudad es una tarea ineludible y una alta responsabilidad del gobierno, pero no de cualquier modo. La falta de un plan urbano, que defina con criterios y en base a un consenso social amplio, fundado en estudios y planificación estratégica y a su vez la aplicación de esta ordenanzas como la 9603, resultan en una progresiva pérdida de oportunidades futuras de desarrollos en lugares de potencial beneficio social y comunitario. Se entregan tierras que debidamente planificadas y desarrolladas serían una mejor opción de vida y oportunidades para todos.

Necesitamos mirar más allá

El derecho constitucional de las personas en el acceso a la vivienda es una tarea fundamental del Estado, en eso coincidimos todos, pero los gobiernos han fracasado en solucionar ese flagelo. Y siendo que para nosotros política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer y también aquello que deciden no hacer, es que creemos que la solución al problema habitacional no puede ser jamás la inacción del Estado dejando que se tomen tierras para luego legalizar esa usurpación. Una implementación de la política pública para solucionar de verdad el problema del acceso a la vivienda, en especial de los más vulnerables, debe ser una política de Estado, dando viviendas dignas y no dejando a los pobres en los márgenes de los arroyos, en bañados inundables o zonas periféricas sin servicios ni acceso a trabajo, porque es la política más fácil para solucionar el déficit habitacional. De esta manera se produce y profundiza la segregación social. Se institucionalizan las desigualdades. Todo esto es correr el problema desde atrás, y no puede ser que aceptemos sin más y naturalicemos eso, como si no hubiera otra opción o no fuéramos capaces de superarlo.

Que un gobierno decida deliberadamente solucionar un problema tan complejo de esta manera es el fracaso de la política. Y a lo que nosotros vinimos a la política es justamente a dar soluciones a los problemas, no a crear nuevos problemas. Es más, de esta forma se va en contra de la propia normativa vigente del ordenamiento urbano que define y establece zonas no aptas para construir o reservadas a ciertos usos especiales. Esto es el Estado yendo en contra del propio Estado, contradiciendo su propia normativa.

Hacer una ciudad ordenada, servida, con calidad ambiental, densa, compacta, con usos mixtos, con accesibilidad a lugares de trabajo y servicios, contemplando la sustentabilidad ambiental, económica, social e intergeneracional, no es ideología. Es pensar la realidad con una visión global y amplia, desde los hechos, desde los resultados comprobables y a la vista de todos, a lo largo del tiempo. Aquí, se ha decidido hace décadas no hacer ciudad, no resolver de fondo y de manera integral la problemática habitacional y la gestión del territorio, no pensar a largo plazo, no ser responsables con las próximas generaciones. En definitiva, no buscar el bien común de manera integral y sustentable.

En definitiva, no estamos negando el derecho a la tierra ni el deber del Estado en atender esta problemática tan acuciante para cada vez más gente. Por el contrario, planteamos que ese derecho se cubra, pero de manera correcta: a partir de la planificación de la ciudad, con calidad ambiental y servicios, en las zonas y sectores aptos y definidos para usos habitacionales, para que en suma, eso resulte realmente en una verdadera ayuda del Estado para con los más vulnerables y necesitados.