"Si se va a gastar fondos públicos en expropiar, deben decidir todos los paranaenses"

En la sesión de este martes ingresó in voce, para su tratamiento un proyecto que busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los terrenos linderos al sector conocido como Patito Sirirí del Parque Urquiza, que se pusieron en el foco de la polémica hace ya un año cuando una inmobiliaria de la ciudad los puso a la venta. El proyecto fue girado a comisiones y desde Políticas para la República sostienen que en el tratamiento legislativo impulsarán que la decisión sea tomada por el conjunto de la ciudadanía mediante una Consulta Popular, instrumento que está presente tanto en la Constitución Nacional, en la Provincial, y la ley provincial 10.027, respetando siempre el derecho a la propiedad privada.

El tema volvió a ponerse sobre el tapete cuando días atrás se instalará en este predio un medidor de luz y nuevamente se desatara la polémica, así y tras un año de no darse tratamiento a un proyecto del oficialismo que buscaba poner luz acerca de los terrenos, su propiedad, titularidad y dominio, posibilidades en cuanto a su destino, entre otras preguntas que hacía el proyecto. Ahora y sin haber sido respondidas esas preguntas son los mismos ediles oficialistas quienes impulsan esta iniciativa de expropiación.

Llamar a Consulta Popular

“Si se va a gastar el dinero de los paranaenses en expropiar ese terreno, deben ser los paranaenses en su conjunto quienes lo decidan”, sostuvo Armando Sanchez, presidente de Políticas para la República y quien fuera candidato a intendente en 2019. “Estamos en un contexto de extremas necesidades, de pocos recursos tanto en el sector público como en el privado, entonces hay que preguntarle a la ciudadanía si este gasto es la prioridad que tenemos.”

En lo que refiere a la cuestión legal, la consulta popular deberá ser convocada mediante un Proyecto de Ordenanza que deberá ser aprobado por el cuerpo legislativo. Respecto a la viabilidad operativa, desde Políticas para la República, proponen que se aproveche el despliegue logístico de las próximas elecciones nacionales para efectuar la misma, lo cual reduciría los costos que puede traer ejecutar este instrumento. El antecedente más reciente es el de 2005, cuando junto con las elecciones también legislativas de ese entonces se hizo respecto a la reforma constitucional que luego tuvo lugar en 2008. También en 2016 desde el Bloque del PJ en el Concejo Deliberante de la ciudad, se buscó, sin éxito, impulsar una consulta popular en torno al Nuevo esquema de circulación en calles céntricas de la ciudad, que estaba implementando la gestión de Sergio Varisco.

¿Es privado? ¿Qué se puede construir ahí?

El proyecto de expropiación confirma la propiedad privada de los terrenos, cosa que hace un año no era tan clara, sin embargo desde Políticas para la República, afirman que más allá de que se trate de un terreno privado, el destino que pueden tener estos, está limitado por la legislación vigente, ya que según el Código Urbano de Paraná, este sector está catalogado como “Área de la Costa”, siendo un distrito no reglamentado en sus aspectos constructivos ni de usos permitidos y por ende, no se puede ejecutar nada sin la aprobación de la Comisión Asesora del Código Urbano y del Departamento Ejecutivo Municipal.

“La llave para que algo ocurra o no en esos terrenos la tiene el municipio, ya que nada se puede hacer ahí sin la autorización del Ejecutivo Municipal”, afirmó Sánchez y se preguntó: “Si nada se puede construir ahí sin aprobación y la decisión es que este lugar debe ser preservado, eso abre preguntas importantes, ¿Por qué diferentes administraciones anteriores, incluso compuestas por funcionarios que están hoy en funciones, como por ejemplo el Arquitecto Federik, han habilitado el loteo del terreno en su momento? ¿Cuánto vale un terreno con una excelente ubicación pero en el cual no hay certeza de lo que se podrá construir allí? ¿Quién invertiría en unos terrenos con esas limitantes? y ¿Acaso frente a esto, no le estaremos haciendo un favor a los propietarios que pretenden vender los terrenos?”

También Armando Sanchez, que preside Políticas para la República, mencionó que todos los paranaenses han visto cómo con el correr de los años fue el Estado, quien se ha encargado del mantenimiento de esos lotes, “Si bien no se puede considerar que el lugar es un espacio público de calidad, ya que no cuenta con infraestructura, veredas y otros elementos necesarios, hemos visto cómo ha sido el municipio quien ha estado al frente de las tareas de mantenimiento y parquización.”

Fundamentos de quienes impulsan la expropiación

Entre los fundamentos del proyecto de expropiación se menciona la reacción negativa en los vecinos y vecinas, como así también en las organizaciones protectoras del medio ambiente y los espacios verdes y que existe una gran conciencia entre los vecinos y vecinas de la ciudad Paraná en cuanto a la defensa y protección de los espacios verdes. Al respecto de esto desde Políticas para la República, sostuvieron que si bien la tendencia en redes sociales o medios de comunicación puede ser la mencionada, no está fundada su representatividad, y que la mejor manera de resolver la cuestión será mediante la expresión democrática de todos los vecinos mediante el llamado a consulta popular.

Otro de los fundamentos señala que un emprendimiento inmobiliario podría poner en peligro la estabilidad de la barranca, generando un impacto urbano y ambiental negativo, sin embargo el proyecto no contiene información alguna respecto de qué estudios sostienen lo afirmado. “Afirmar impactos ambientales o estructurales sin primero saber qué es lo que se pretende hacer, es vidrioso. Son sobrados los ejemplos de cómo se puede armonizar lo público y lo privado, como así también lo verde y lo construido; a su vez definir lo inmobiliario como equivalente a una torre de 20 pisos en altura es tramposo. No es lo mismo hacer eso que hacer por ejemplo infraestructura para uso gastronomico y que tenga bajo impacto en la visual y el ambiente, o por ejemplo aprovechar la geografía del terreno para hacer un desarrollo soterrado que permita mantener un uso público en las partes altas y privado en las partes bajas.”, concluyó Sánchez.